PREGUNTAS QUE SE HACE LA GENTE SOBRE EL ACUERDO DE PAZ


No. Este es el primer acuerdo de paz del mundo en el que ambas partes de la Mesa acuerdan la creación de un Tribunal que va a juzgar los delitos cometidos en el conflicto armado. Quienes hayan cometido los crímenes más graves serán sancionados. Si reconocen su responsabilidad recibirán penas de 5 a 8 años de restricción efectiva de la libertad. Si no reconocen su responsabilidad serán condenados hasta con 20 años de cárcel. Solo recibirán penas reducidas quienes cuenten la verdad, reparen a las víctimas y no vuelvan a delinquir.

No. Todas las actuaciones relacionadas con el conflicto, de los miembros de nuestras Fuerzas Militares y de Policía, como guardianes de la libertad y la democracia, se presumen legales. Sin embargo, aquellos agentes del Estado que hayan cometido algún delito relacionado con el conflicto podrán recibir los mismos beneficios si cumplen con los compromisos de verdad, reparación y no repetición. De esta forma se evitará que se repita la injusticia de ver a exguerrilleros amnistiados y en libertad, mientras soldados y policías acaban purgando largas penas en la cárcel.

No, la agenda se construyó por ambas partes luego de una fase exploratoria de largas discusiones con el objetivo central de terminar el conflicto y evitar que se repita. El Gobierno definió, desde el principio, los límites que enmarcaron la negociación. Se negociaron soluciones a un conflicto armado sin debilitar al Estado, a las Fuerzas Armadas ni poner en riesgo la propiedad privada. Estos límites han sido respetados. El Gobierno ha concebido el acuerdo de fin del conflicto con las Farc como una oportunidad para avanzar en tareas pendientes del país, como saldar la deuda histórica con el campo. La agenda obedece a resolver asuntos que han estado estrechamente relacionados con la persistencia del conflicto armado.

La mejor garantía para que esto no suceda es el fortalecimiento de la presencia del Estado en los lugares a los que la guerra impidió que se llegara. Justamente para reconstruir las regiones más afectadas por el conflicto, se ejecutarán programas de desarrollo con enfoque territorial y se vinculará activamente a las comunidades en éstos. Se llegará a estas regiones con planes de educación, salud, trabajo, vivienda y comercio que el conflicto impidió que llegaran por décadas. Se trata de fortalecer la presencia del Estado en todo el territorio nacional.

Las autoridades mantendrán control en las veredas donde se ubicarán por 180 días las Farc. Se negociaron soluciones a un conflicto armado sin debilitar al Estado ni a las Fuerzas Armadas: ellas tienen el uso legítimo de las armas en nuestra nación, y su fortaleza y profesionalismo son la mayor garantía.

Sí. Continuarán combatiendo a las organizaciones criminales que se dedican a la extorsión, el narcotráfico, la minería ilegal y demás delitos que afectan a la población. Además, la Policía Nacional se concentrará en los delitos que más afectan a la gente en su vida diaria y así mejorará la seguridad de los colombianos en municipios, ciudades, barrios, veredas y localidades. Para el funcionamiento de las ZVTN, se tiene previsto que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional adecuen sus dispositivos.

La verificación del cese al fuego bilateral y de la dejación de armas será liderada por Naciones Unidas. Adicionalmente, las Farc tendrán que presentarse ante un tribunal de justicia y los responsables de los crímenes más graves serán castigados y deberán decir la verdad y reparar a sus víctimas. Solo si las Farc cumplen con las sanciones y las condiciones de los acuerdos, como la verdad y la reparación a las víctimas, podrán obtener los beneficios judiciales. Cualquiera que no entre en el proceso de dejación de armas y tránsito a la legalidad o cometa un delito después de la firma será perseguido por las autoridades y castigado por la justicia ordinaria.

Si no lo hacen, pierden toda posibilidad de acogerse a los beneficios que les dará la ley en el proceso de justicia transicional que propone la Justicia Especial para la Paz. Las Farc se han comprometido explícitamente a romper cualquier vínculo que hayan tenido con el narcotráfico. De incumplir serán perseguidos como todos los narcotraficantes y criminales y les caerá todo el peso de la autoridad.

Las Farc se comprometieron a reparar a sus víctimas de forma material y mediante trabajos y obras de reconstrucción que beneficien a las comunidades afectadas por el conflicto. Los bienes que no sean entregados para la reparación quedarán sujetos a la extinción de dominio. Además, como parte de su sanción, tendrán que participar en acciones de reparación como la reconstrucción de infraestructura, el desminado humanitario, la búsqueda de desaparecidos y la sustitución de cultivos ilícitos. Solo si hacen esto accederán a beneficios judiciales.

No. Los civiles que hayan sido obligados a pagar vacunas o rescates son víctimas. No son culpables y no tienen ningún motivo para comparecer ante el tribunal de Justicia Especial de Paz . Sin embargo, quienes hayan financiado o colaborado voluntariamente con grupos armados y hayan sido máximos responsables de los crímenes más graves y representativos, podrán resolver su situación con la justicia y recibir beneficios jurídicos si cumplen con las condiciones de contar la verdad y reparar a las víctimas.

Las únicas tierras en riesgo son las que hayan sido adquiridas a través de despojo o con dineros ilícitos. El Estado tiene la obligación de respetar los derechos de los segundos ocupantes de buena fe. La política de restitución de tierras no afectará sus derechos de propiedad. Esas decisiones estarán en manos de jueces de la República, que tendrán que tomarlas con base en pruebas constatables dentro de los procesos. Lo que busca la Reforma Rural Integral es mejorar las condiciones en el campo, beneficiando a todos sus habitantes.

El nuevo partido que surja del tránsito de las Farc a la vida política legal podrá empezar a participar en los procesos electorales de 2018 y 2022. Si durante estos dos períodos no alcanza una representación de mínimo 5 Senadores y 5 representantes a la Cámara, el acuerdo garantiza este número de curules para asegurar su representación, siempre y cuando presenten listas al Congreso y se midan en las urnas. Es decir, si el nuevo partido obtiene un número inferior a 5 curules en el Senado se les asignarán las que falten, en el orden de votos que saque la lista. De llegar a obtener 5 curules o más, no se les dará ninguna adicional. Lo mismo se aplicará para las curules de la Cámara.

Con el propósito de contribuir a la generación de condiciones a corto y largo plazo que faciliten la construcción de proyectos de vida dentro de la civilidad por parte de los ex combatientes de las Farc, se acordaron medidas relacionadas con:

(I.) Atención a los derechos de cada ex combatiente en salud, acompañamiento psicosocial, educación y reunificación de núcleos familiares, entre otros

(II.) Apoyos económicos excepcionales y transitorios para la estabilización económica de estas personas una vez hayan hecho la dejación de armas y el tránsito a la legalidad.
Una vez se cumpla el protocolo de seis meses para la dejación de las armas, cada uno de los miembros de las Farc recibirá, por una única vez, una asignación de normalización de dos millones de pesos, que les permitirá reubicarse y acceder a vivienda y alimentación. Y, durante 24 meses, recibirán una renta mensual equivalente a 90% del salario mínimo mensual vigente, siempre y cuando no tengan una actividad que les genere ingresos.

(III.) Apoyos económico por una sola vez para un emprender un proyecto individual o colectivo.

Se creará el Consejo Nacional de Reincorporación que será una instancia conjunta entre el Gobierno Nacional y las Farc, uno de cuyos objetivos será realizar el seguimiento al proceso de reincorporación de los integrantes de las Farc. De igual forma, se crearán Consejos Territoriales de la Reincorporación que tendrán a su cargo, entre otras funciones, realizar el seguimiento a la reincorporación a nivel territorial.

Este acompañamiento se entiende como el apoyo en experiencias, recursos, monitoreo, verificación y buenas prácticas para contribuir a la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. Las partes acordaron solicitar ese acompañamiento a una veintena de países y entidades internacionales, incluyendo a Estados Unidos, la Unión Europea, los países garantes y acompañantes, y las organizaciones del Sistema de Naciones Unidas.